Las empresas que incumplan sus contratos con el Estado en proyectos de infraestructura, quedarían inhabilitadas por un lapso de entre 3 hasta 10 años para volver a brindar sus servicios a instituciones públicas mediante procedimientos de contratación.

Así se establece en la propuesta dictaminada esta tarde en la Comisión de Asuntos Económicos, a través del expediente 20.648, que ahora pasará al Plenario para las 2 votaciones necesarias para convertirse en ley de la República.

La iniciativa fue planteada en el cuatrienio anterior por Michael Arce y retomada por Karine Niño. La legisladora manifestó que esta es una herramienta para que la Administración pueda recurrir a inhabilitar empresas, máxime si se toma en cuenta que Costa Rica se encuentra en el puesto 123 de 137 en cuanto al nivel de competitividad por concepto de infraestructura de caminos, según el Índice de Competitividad Global 2017-2018. 

La iniciativa entonces incluye dentro del artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa tal inhabilitación, tras el debido proceso.

Niño destacó que la Contraloría General de la República informó que, nunca se ha inhabilitado una empresa porque la legislación no lo permite. “Las únicas empresas inhabilitadas no se relacionan con temas de infraestructura vial, por eso es importante hacer estas reformas parciales a la ley para que nuestro país pueda seguir avanzando”, sostuvo la liberacionista.

Uno de los sectores más afectados con los incumplimientos en obra pública son las municipalidades,por ello también las hicimos parte de este proceso y realizamos consultas a casi 17 Gobiernos Locales, todas respondieron a la consulta de este proyecto, 16 se encuentran a favor de esta iniciativa por lo cual se refleja un amplio apoyo y legitimidad del sector local”, agregó.

En una audiencia realizada en la Asamblea Legislativa en noviembre anterior, Carlos Vega, abogado que acompañó a Mario Rodríguez, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a la Comisión de Asuntos Económicos, confirmó que efectivamente, en los últimos 10 años, estas situaciones no se habían podido realizar. 

“Desde que estoy hace 10 años (en Conavi) no conozco un proceso o que se haya inhabilitado. El procedimiento (para inhabilitar una empresa) es ordinario a la ley de general de administración pública, sí hay procedimientos en trámite de resolución y rescisión contractual que tramita la Procuraduría o el MOPT, pero ninguno ha resultado en proceso de inhabilitación”, detalló Vega con anterioridad.

De igual forma, Rodríguez indicó que en muchas ocasiones, las compañías no cumplen con los contratos, por lo tanto, recurren a una nueva licitación, que para su sorpresa, en varias ocasiones se han topado con esa empresa que incumplió, participando de nuevo.